M. en C. Joel Rodríguez Zúñiga Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Especialista en Seguridad Nacional rodrizujoel@hotmail.com)

Es común escuchar en los medios de información, a algunos funcionarios públicos o actores políticos relevantes e incluso académicos, hacer declaraciones sobre ciertos problemas con la connotación o el adjetivo de Seguridad Nacional, queriendo resaltar con esto el grado de complejidad o la magnitud de los asuntos, y en otros casos, y no menos frecuentes, el protagonismo al disfrazar de gran importancia sus discursos; sin embargo, muchos de éstos distan de dicho distintivo. La confusión en la población, pero sobre todo la distracción del Estado por atender prioritariamente aquellos asuntos por encima de los que si representan un riesgo para la Nación, es el peligro o costo que se corre por tal irresponsabilidad. En ese sentido y en materia ambiental vale la pena cuestionarnos: ¿Son los Bosques y el Agua un asunto de Seguridad Nacional, y si es así, cuáles han sido los resultados a cinco años de su pronunciamiento?

Analizar el tema nos remite para su exploración al estudio de tres vertientes principales: La deforestación y sus consecuencias al recurso agua en términos de la pérdida del patrimonio natural y de recursos estratégicos. La retórica de que si el problema es asunto de Seguridad Nacional o no. La traducción de un problema público en una política pública, y su valoración en función a un problema que está elevado a una jerarquía de primer orden.

La deforestación y sus consecuencias al recurso agua en términos de pérdida de patrimonio natural y de recursos estratégicos: mencionaremos que la deforestación de los bosques templados y selvas tropicales repercuten al país, por un lado, en la pérdida del patrimonio natural en las zonas rurales y campesinas, siendo esto un factor de riesgo mas que se suma a uno de los principales problemas que afronta actualmente la nación mexicana: la pobreza o atraso en el desarrollo en comunidades y ejidos; y por otro, sus consecuencias negativas, producto del desequilibrio del ciclo natural del agua, como el desabasto, la escasez y la contaminación del vital líquido en las grandes ciudades o en las zona de mayor movilidad económica; esto es, la repercusión negativa o el desajuste de intereses -inclusive más allá de nuestras fronteras- en los campos del poder económico, político y social.(1)

La retórica de que si el problema es asunto de Seguridad Nacional o no: nos remite al postulado: Para que un problema ingrese a la categoría de “seguridad”, éste debe quedar enmarcado como amenaza por parte de un actor con la capacidad para generar el consentimiento de una comunidad relevante, que avale la aplicación de medidas de emergencia y que trascienda a las reglas normales (fig. 1).

Fig. 1.- Esquema conceptual del proceso de un problema con carácter de seguridad nacional; en donde se clasifican; de como estos deben de ser abordados por parte del Estado, y de la ubicación de los bosques y el agua en el esquema general de la Seguridad Nacional.

Analicemos lo anterior en sus partes: un problema como amenaza a la Seguridad Nacional; sólo algunos problemas que atañen al país son de primer orden y requieren ser atendidos en forma especial por el Estado, en términos de seguridad una condición es que, éstos una vez valorados, pongan en riesgo y en forma inmediata a la consecución de los objetivos nacionales permanentes (Consagrados en la Constitución Política Mexicana como desarrollo, paz, justicia, etc.); esto es, ingresan entonces a la categoría de amenaza. Por otro lado, y quizá la más importante, los actores políticos; en este rubro entra en juego los intereses de poder, dependiendo de la importancia y resonancia que en la sociedad y en la arena política tengan; pueden decidir que problemas son de interés o no para la seguridad de un Estado e incluso aunque éstos hayan sido valorados subjetivamente(2), en cualquiera de los casos la sociedad en general es la que absorberá los costos (económicos, políticos, ambientales etc.) por las medidas que éste haya implementado. Para el caso de los bosques y el agua como asunto de Seguridad Nacional, queda claro que el pronunciamiento lo hizo el Presidente Vicente Fox a principios de su administración, siendo en ese momento el actor político más importante -primer presidente opositor al partido que nos gobernó durante casi 70 años-; y el asunto fue percibido mas que un problema un tema o una veta con un capital político a explotar, por fortuna en esos momentos la sociedad en general lo percibió como un gran problema ambiental.

Bajo este orden de ideas, la premisa de las medidas de emergencia y que trascienda a las reglas normales, entiéndase ésto como la implementación de nuevas Políticas Públicas por encima de las ya existentes sobre un problema dado, a través de la modificación, la renovación, el fortalecimiento y la creación de nuevas, según sea el caso.

La traducción de un problema público en políticas públicas, y la valoración de éstas en función a un problema que está elevado a una jerarquía de primer orden: si una política pública parte de un cuestionamiento, de preguntarse qué se debe o se puede hacer para atender o en su defecto resolver un problema que ya está en la calle y que por lo tanto es público y es de todos; entonces es el Estado encargado de traducir o solucionar dichas necesidades a través de la creación o el fortalecimiento de sus brazos operativos: las Instituciones. La deforestación de los bosques y selvas tropicales y sus repercusiones al medio ambiente como un asunto de seguridad nacional (y no los bosques y el agua asuntos de seguridad nacional, que es el término oficial que se le ha dado), tendría que atenderse con acciones que trasciendan a la norma o por “acciones extraordinarias” en un plano de conservación, aprovechamiento y desarrollo: el fortalecimiento, reestructuración o planteamiento de objetivos y metas mas ambiciosas sería el eco de dicho pronunciamiento.

En este sentido, en materia de seguridad ambiental, las políticas o “mediadas” nuevas que debería abordar el estado mexicano, tendrían que hacerse sobre dos plataformas principales. Una política orientada al bienestar social y a mitigar la pobreza (diez millones de pobres viven irónicamente en las zonas forestales: bosques templados y selvas tropicales); que tendría que aplicarse en las zonas rurales, y que serían de índole demográfico, agrícola y ganadero, energéticas y de fomento turístico. El sector forestal puede contribuir mucho a estas políticas mediante el fomento a la agrosilvicultura, la obtención de productos forestales no maderables para el consumo humano, de productos medicinales, de frutos, la protección del suelo, de generación de ingresos no agrícolas y de empleo en empresas rurales pequeñas de base forestal. La otra, sería una política orientada a la conservación del medio ambiente y protección de los recursos naturales, incluye las políticas agrícolas, industriales y de aprovechamiento de la tierra las cuales producen resultados a corto plazo, como la transferencia de tierras forestales productivas a otras categorías, por ejemplo a un Área Natural Protegida o de Zonas de Conservación. A largo plazo, estas políticas favorecen la adopción de prácticas forestales en las que se integre la diversidad biológica y la conservación de ecosistemas en la ordenación forestal sostenible. Se persigue elevar y diversificar la productividad y favorecer a las industrias forestales más eficaces desde el punto de vista económico y ambiental.

Por último, una política orientada a la elaboración y utilización eficaz de los recursos naturales: las medidas de privatización, la política fiscal, ambiental, comercial, de infraestructura, energía y de fomento del turismo se inscriben en el ámbito de las políticas de utilización óptima de los recursos naturales.

En cuanto a la evaluación de las políticas públicas creadas a casi cinco años del pronunciamiento en la agenda de Seguridad Nacional, y dada la subjetividad del concepto, nos permite hacer la reflexión desde un perspectiva de análisis cuantitativo y cualitativo.

Para el primer caso -valoración cuantitativa- y debido a que es casi imposible tasar la deforestación en ese lapso de tiempo(3), sólo nos abocaremos en términos de creación de Políticas Públicas o de Instituciones. El pronunciamiento de los bosques y el agua como asunto de seguridad nacional, se tradujo(4) en la creación de una Comisión: la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)(5) cuyo objetivo principal fue el de desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas, y en la aplicación de las políticas de desarrollo forestal sustentable, se destaca en esta comisión un esquema de trabajo con una visión a 25 años, a través de ajustes de las políticas, de las instituciones y de la legislación, nos referimos al Programa Estratégico Forestal para México 2025. Para la Comisión Nacional del Agua, resalta en su programa de trabajo (Programa Nacional Hidráulico 2001-2006) el apartado El agua: un recurso estratégico y de seguridad nacional, por lo que se valora por primera vez el rango y la importancia que tiene este recurso para la consecución de los objetivos permanentes de México; sin embrago, el documento solo es descriptivo y no analítico, quedándonos a deber el sentido de su título (recurso estratégico y de seguridad nacional) de cualquier forma, el escrito es loable por ser un punto de referencia obligado para cualquier análisis que se haga sobre la materia.

Por su parte, la institución encargada de la inspección y vigilancia de los recursos forestales y autoridad sancionadora —La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)— no tubo cambios estructurales significativos en función a dicho pronunciamiento, siendo que una de las principales causas de la deforestación del país es el proceso que se da de las acciones clandestinas de la tala ilegal a la de cambio uso del suelo (las dos suman casi el 90% del problema), ambas considerados como delitos ambientales y por lo tanto atendidas y perseguidas también por la Procuraduría General de la República (PGR): su autonomía (y no como órgano desconcentrado de la SEMARNAT) y la creación de una unidad de inteligencia hubiera sido la opción. Lo anterior, si consideramos que la tala ilegal es realizada por bandas organizadas con un poder económico capaz de corromper a las autoridades y a las instituciones; de destruir el tejido social y organizativo de aquellos grupos más marginados del país y principal preocupación del Estado Mexicano: la clase campesina y rural del país. La PROFEPA en materia forestal reconoce(6) 100 zonas críticas forestales y 32 de ingobernabilidad, producto de las acciones ilícitas mencionadas.

Por último, la valoración cualitativa de los resultados en la aplicación de las Políticas Públicas, estarían en función a la percepción que tienen -en este proceso democrático del país donde empieza haber mas vigilancia sobre las acciones del gobierno- los medios de comunicación electrónica y escrita; las organizaciones sociales que ocupan los vacíos del estado (las ONG); intelectuales; grupos empresariales; Organismos Internacionales, pero sobre todo de la sociedad mexicana en general. En ése tenor, internacionalmente seguimos siendo, según cifras y apreciación de la OCDE, uno de los principales países con una de las tasas de deforestación de las más altas del mundo (1.5 millones de ha): para la sociedad mexicana y de acuerdo a los últimos foros de consulta regional ambiental, la contaminación ambiental, pero sobre todo la desforestación (ella la percibe como tala ilegal) sigue siendo un problema que ni siquiera ha sido contenido.

(1) Si se desea mayor profundidad sobre este punto, se recomienda el artículo “El binomio Bosques-agua un enfoque de seguridad nacional” . No 10 de la Revista Derecho Ambiental y Ecología, bimestre diciembre-enero 2006.

(2) Ejemplo de lo anterior es que, después de 4 años de la guerra contra Irak el presidente Bush recula que ésa nación no tenía armas de destrucción masiva; sin embargo en su momento -julio del 2001- pronunció y convenció a un grupo importante de ciudadanos norteamericanos, de que dichas armas en poder del presidente de Irak representaba una amenaza a la seguridad de EU.

(3) La tasa de deforestación es la razón de cambio de la pérdida de la cubierta forestal con respecto al tiempo. En México no hay un sistema de monitoreo periódico o sistemático: valorar la disminución o incremento de dicha tasa en un lapso de cinco años es algo difícil de calcular, por lo que cualquier dato al respecto carecería de veracidad.

(4) Considerado como asunto de Seguridad Nacional los Bosques y el Agua en el documento rector de la administración del Presidente Fox: Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

(5) Creada por decreto presidencial el 4 de abril de 2001, Órgano Público Descentralizado de la SEMARNAT.

(6) Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2001-2006.