Los ilícitos como los delitos son acciones y procesos que van adoptando formas, ritmos y actores en el tiempo y espacio, por ello, su dinámica es cambiante. En función de lo anterior, es que hoy en día, resulta necesario diferenciar al actor que lleva a cabo la acción de tala ilegal de aquel otro proceso y participantes que, desarrollan el crimen organizado. Y aunque se podría ver que se trata del mismo origen y recurso natural con los similares procesos de impacto ambiental, no es así, ya que si bien ambos producen la perdida de cubierta forestal, la reducción de servicios ambientales, la erosión y degradación de hábitat de fauna silvestre y así mismo, genera condiciones de pobreza en las comunidades, lo cierto es que en el caso del crimen organizado ambiental, el asunto y el componente principal no es ya el recurso natural, sino la organización criminal, que sólo toma como base material de enriquecimiento ilegal al recurso, para producir un espacio de gobernabilidad delictiva que trastoca o erosiona los controles sociales del delito y aprovecha la debilidad institucional, para avanzar en su legitimidad y coerción con la comunidad, fundado en la oferta de ingresos y en la compra del silencio y, el sometimiento por la fuerza y el miedo de los ciudadanos. De esta forma, es que asistimos a un nuevo momento del proceso que encierra una relación negativa entre - el agotamiento del recurso forestal y la existencia del crimen organizado - . Ahora bien, crimen organizado es el concepto abstracto por el cual definimos la actividad o acción con temporalidad permanente de un grupo que posee estructuras y jerarquías que operan en la ilegalidad, haciendo uso de la violencia, coerción y corrupción del aparato burocrático y cuyo fin es la acumulación de riqueza económica y el establecimiento de cotos de poder, a costa del deterioro, agotamiento y perdida de los recursos naturales y el patrimonio privado, social y nacional natural. A ello, hay que añadir que el crimen organizado evoluciona por etapas y adopta características y patrones de comportamiento organizativo y funcional, espacial, de peligrosidad y por especialidad en función del recurso natural del que se apropia, transforma y vende; razón por la cual, el crimen organizado adquiere de manera concreta y específica una forma, como en el caso de la región de las Lagunas de Zempoala, en donde se ha alcanzado un cierto nivel de operación, estructuración y roles que lo hacen aparecer como una cadena delictiva ambiental, lo que equivale a la delincuencia como forma de gobernar en un espacio regional, cuya función es la de consolidar un poder informal y con amplias relaciones de poder formal en los gobiernos locales como ya se ha visto en el caso de Huitzilac y Ocuilan, con lo cual validan su control de la vida comunitaria y, profundizan la erosión de las relaciones sociales del control del delito, en tanto que se apropian de manera parcial de una forma de legitimidad, como orden paralelo. Basta decir que la delincuencia organizada aparece también como cierta válvula de escape ante la presión económica, ya que ofrece fuentes de trabajo mejor remuneradas que las inexistentes formales, pagando, por ejemplo, a un motosierrista $ 300 pesos diarios que equivale a más de 6 salarios mínimos por día; dan empleo a los que poseen medios de transporte y a los que transforman la madera como en el caso de Hutizilac; generan una “renta institucional” para las autoridades que solapan su operación, cuentan con abogados para dar asistencia, contratan vigías y permiten una revalorización del recurso con mayor ganancia entre los comercializadores (madererías). La modalidad que asumen como cadena delictiva se basa en la división del trabajo (diferentes funciones y roles), organización por grupos y especialización por zona ( Ocuilan es zona de extracción de madera, Huitzilac es de transformación y el D.F. de comercialización), ambas con un nivel de integración como proceso, pero independientes como unidades económicas, pero además, existe un proceso de integración de giros criminales como el robo de vehículos, asalto y portación ilegal de armas, lo que les permite transferir recursos de un giro a otro. Otra de sus características consiste en aprovechar las debilidades o lagunas de la ley como el empleo de menores de edad, el que no este tipificado o criminalizado la delincuencia organizada ambiental o forestal y sobre todo, la complejidad para establecer el nexo causal entre el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados, mediada por el lugar, tiempo y circunstancias que conforman el suceso que determina el delito en sus distintas modalidades como ...corte, arranque, derribo o tala de algún o algunos árboles, conforme al artículo 418 fracción II del Código Penal Federal. Así las cosas, estamos ante la presencia de una economía delictiva regional que produce un ingreso o renta delictiva bruta bastante rentable, e integrada a la vida de las comunidades y zonas. En esta medida, en el Estado de México, el segundo delito en importancia, reconocido por las instancias gubernamentales, lo constituye la tala ilegal, lo que da cuenta de un proceso que se viene gestando de años atrás bajo la influencia o regionalización por un lado, de Huitzilac, Morelos, en Lagunas de Zempoala y por otra parte, proveniente de Michoacán, en la reserva de Mariposa Monarca; en el que dicho proceso regionalizado, le asigna una especialización a los territorios forestales mexiquenses de zonas de extracción.

La espiral ascendente del crimen organizado requiere de nuevas estrategias de contención y desmembramiento, que implica una articulación de políticas ambientales, sociales, políticas y económicas, que eliminen por un lado, las bases materiales económicas y por otra parte, también atiendan la supresión de la impunidad, para ello, hay que considerar el camino largo, el cual nos conduzca al empoderamiento de las comunidades junto con sus Comités de Vigilancia Participativa, a fin de restablecer el control social de los delitos, sin embargo esto nos conlleva a un trabajo institucional intenso de respaldo y presencia que permita respaldar el accionar ciudadano. En otro orden de ideas, también resulta imprescindible contemplar el actuar gubernamental desde la perspectiva de la criminalística ambiental, para solventar las debilidades legales en el sentido de aportar las evidencias e indicios que lleven al juzgador a determinar los nexos causales entre el cuerpo del delito y la responsabilidad de los inculpados, pero sobre todo, a alcanzar a aquellos que no intervienen de manera directa en el ilícito, y que son precisamente los que obtienen la mayor ganancia de la actividad, es decir, que se trata de las personas que dirigen a las bandas y que bajo la modalidad de flagrancia es prácticamente imposible fincarles responsabilidades y llevarlos a que comparezcan ante la autoridad; por ello, además de perfeccionar el actuar de la autoridad administrativa, es deseable una reforma a las leyes ambientales y penales que tipifiquen la delincuencia organizada ambiental, la comisión del ilícito y delito, como autor intelectual indirecto y finalmente, considerar como infracción administrativa y en su caso, como delito, la participación en la cadena ilícita-delictiva forestal. Aunado a lo anterior, el desarrollo del crimen organizado requiere de la coordinación institucional en los diferentes niveles de gobierno, lo que a su vez implica un marco jurídico de facultades para las partes ( estatales y municipales) y la colaboración estrecha en materia de información y acciones conjuntas; asimismo, una respuesta eficaz indudablemente estará fincada en la instrumentación metodológica y conceptual de la ciencia de la protección ( a partir de una acción y visión interdisciplinaria, la incorporación de disciplinas como la modelación espacial, la estadística y la criminalística), que en su conjunto produzcan modelos de protección basados en un Sistema de Protección Estratégica Dirigida, el cual combina tanto cantidad como diferentes tipos de acciones ( operativos, rondas de vigilancia, inspecciones, puntos de revisión carretero, monitoreo satelital o con video, acciones de investigación etc.), así como una visión de disuasión en la modulación y aplicación de las sanciones y multas, incluyendo la sanción privativa de la libertad.

El control de la delincuencia ambiental y por consiguiente, el restablecimiento de la gobernabilidad ambiental, se da por etapas que se intercalan en el tiempo y espacio donde cada una de ellas cumple un objetivo. Dichas etapas van desde la contención, pasando por la disminución de la magnitud hasta la disminución de la frecuencia de ilícitos, las cuales producen un resultado de estabilización y por ende, de supresión de grupos delictivos organizados.

Mas allá del actuar punitivo, se impone el análisis zonal para identificar las causales de generación de ilícitos (la explicación criminológica) con el objeto de determinar sí se trata de variables estructurales que la hacen ser recurrente en la medida en que persisten las causas, o se trata de variables incidentales que pueden ser atendidas con la intervención persistente, ordenada y eficaz de la vigilancia, inspección y control social de los ilícitos.

Hoy en día, México y su parte ambiental, tienen un reto y una cita al cual acudir: el asunto de la seguridad, que en su caso se trata de la seguridad ambiental, por la vía de contención de la criminalidad, pero su configuración del accionar táctico, dependerá de la conceptualización estratégica, sustentada en planteamientos metodológicos y con bases científicas desde el abordaje de diferentes disciplinas.