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    La vocación forestal de México y su marco político jurídico
 




Lic. Fernando Montes de Oca y Domínguez.*

México tiene en sus bosques y selvas un enorme potencial que debe ser bien administrado para evitar que la erosión, la tala indiscriminada, el cambio en la vocación del suelo, los incendios y los desastres naturales condenen a la pobreza a 12 millones de pobladores, frenen el desarrollo del país y comprometan el patrimonio de las generaciones futuras. Estoy convencido de que las acciones u omisiones de hoy marcarán el rumbo de las próximas décadas. Por ello, debemos sumar esfuerzos y seguir trabajando intensamente por un México Forestal”

Palabras del Lic. Felipe Calderón Hinojosa el 17 de mayo del 2006


Importancia de la propuesta presidencial.

Hoy más que nunca, México tiene la oportunidad de contar con la voluntad política expresa del Presidente de la República, quien el 20 de febrero del 2007, ratifica su compromiso de campaña y asegura cuidar el avance del Programa Pro-Árbol, al que calificó, no sólo, como el más trascendente de su administración, sino al que más quiere. En esa ocasión se firma un convenio entre SEMARNAT y PNUMA para plantar en un año 350 millones de árboles en México.

Sin duda, son altas las metas que se fijaron, que corresponden a lo que el país requiere y bien vale la pena realizar el máximo esfuerzo a favor de los 55.3 millones de hectáreas de bosques, selvas, manglares y desiertos, que aún cubren el territorio nacional y en especial atender adecuadamente a las personas que integran aproximadamente 8,500 ejidos y comunidades, con una población estimada en alrededor de 12 millones de habitantes que son propietarios del 80% de las tierras.

“…Es tiempo de lograr, con responsabilidad social, comunidades fuertes en medio de los bosques y selvas, aprovechar nuestros recursos mediante la autogestión y el manejo sustentable, cuidar la vegetación desértica, optimizar la competitividad y alentar el comercio, la exportación y la diversificación productiva. Debemos aprovechar nuestra riqueza forestal en beneficio de la sociedad…”

Muchas personas que habitan las zonas forestales se caracterizan por ser indígenas o bien tener altos índices de marginación pero también hay claros ejemplos de manejo colectivo de recursos forestales a través de integrar un número significativo de las empresas forestales comunitarias que operan muy bien y tienen diversos grados de integración horizontal y vertical.

Objetivos forestales estratégicos


La dimensión global de los bosques, el trascendente papel que universalmente representan en las comunidades receptoras, lo dinámico y estratégico de la actividad forestal, han logrado que en México se le considere a partir del 2001 como asunto de seguridad nacional, ahora hace falta se contemple, al menos los diez siguientes objetivos estratégicos:


1. Establecer en la práctica, una política efectiva de desarrollo forestal sustentable, sobre la base de una visión sistémica, de largo plazo y corresponsabilidad del sector público, privado y social, para sumar voluntades en una decidida participación de gobierno y sociedad, así como una mayor conciencia y actitud colectiva hacia bosques, selvas, zonas áridas y humedales, la cual se traduzca en un esfuerzo constante por mejorar el desempeño forestal y superar las implicaciones económicas que representa la baja competitividad nacional que nos ubica en el lugar 58, de entre 125 países analizados, quedando debajo de otros latinoamericanos como Chile, Costa Rica y Panamá.


2. Priorizar los temas en materia forestal, los cuales representan retos que demandan profundas reformas en los próximos años, sólidos y eficientes programas técnicos, incentivos para los sectores industriales y empresariales, con un enfoque productivo que se traduzca en crecimiento y generación de empleos y responda mejor a las exigencias crecientes de las tres líneas prioritarias del trabajo gubernamental: desarrollo social y humano, crecimiento con calidad, orden y respeto. Tenemos que capitalizar ser el país que más acuerdos de libre comercio tiene con otros países.


3. Lograr que efectivamente el aire, suelo, bosques, agua y biodiversidad, sean asuntos de seguridad nacional, con una gestión, visionaria, integral, humana y responsabilidad para actuar con fortaleza en el presente y en el futuro, para aprovechar las oportunidades de crecimiento sostenido y enfrentar las causas de los problemas, sin utilizar medidas urgentes que de poco han servido en el pasado


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*Presidente del “Instituto Mexicano de Derecho Forestal-Ambiental”, A.C. Coordinador Regional de Norte y Centro América del Grupo Iberoamericano 6.13.03 de IUFRO. Secretario General del V Congreso Iberoamericano de Derecho Forestal-Ambiental. fernandomontesdeoca@imdefac.com.mx Guadalajara, Jalisco (0133)36306277- 36306359 – 36150473

4. Impulsar la conciencia social de que las leyes norman el cuidado del bosque, pero que la primera responsabilidad recae en la comunidad que vive en ese territorio y a la que le debe preocupar que sus recursos naturales sean renovables y perduren así toda la vida, lo que implica cuidado, manejo, reforestación, preservación, conservación, aprovechamiento racional, prevención y combate de las plagas y los incendios, el uso de energías renovables, etc.,

5. Fortalecer la capacidad empresarial comunitaria, conquistar mercados, beneficiar actividades forestales del viverista, recolector de semilla, transformador de madera, productor de muebles, comercializador, prestador de servicios profesionales, articulados a través de alianzas estratégicas que garanticen mejor posicionamiento, con términos claros en los contratos.

6. Difundir la cultura silvícola apropiada por la comunidad (adultos, jóvenes y niñ@s). Promover que la comunidad a través del tiempo, sin descuidar usos y costumbres, adapte y haga propios los conocimientos tecnológicos, las prácticas que dan resultados óptimos, conozca las leyes y cumpla las normas necesarias para que el bosque perdure para las próximas generaciones.

7. Despertar el interés por lo rural y en especial lo forestal; promover el desarrollo de servicios ambientales, priorizar la captación de carbono; protección de biodiversidad; servicios hidrológicos; belleza escénica; ecoturismo; propiedad de la tierra; fortalecer instituciones cooperativas; reducir costos; definir mecanismos de pago efectivos y acceso a financiamiento.

8. Estabilizar concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) con interferencias peligrosas en el sistema climático que permita a los ecosistemas adaptarse al calentamiento global; asegurar que la producción de alimentos no se amenace; y que el desarrollo económico prosiga sustentable.


9. Considerar que parte medular del grado de desarrollo forestal de un país, con visión prospectiva de sustentabilidad, es directamente proporcional al nivel de valores, educación, capacitación, innovación, creatividad, ciencia, tecnología, investigación, desarrollo experimental, mejora continua, investigación y cultura alcanzado por su población y reflejado en comportamientos y actitudes congruentes.


10. Brindar conocimientos que sean útiles y aplicables para mejorar la competencia laborar y su desempeño. Ofrecer al creciente porcentaje de jóvenes del medio rural, que concluye la enseñanza media o secundaria, una educación que les ayude a que puedan transformar sus realidades adversas, corregir sus ineficiencias, solucionar sus problemas cotidianos, realizarse en el seno de su comunidad como personas, sean más productivos y no tengan que emigrar.


10 Propuestas de Desarrollo Forestal Sustentable del Presidente Electo Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para su período del 1 de diciembre del 2006 al 30 de noviembre del 2012


Como parte de una propuesta más amplia de acciones de Desarrollo Sustentable, el 17 de mayo del 2006 en los Azufres, Estado de Michoacán, el entonces candidato presidencial presentó su visión forestal de gobierno: Bosques y selvas. Por un México Forestal”.10 propuestas para el desarrollo forestal sustentable:


  1. Impulsar el programa Pro-Árbol estableciendo una mayor retribución económica a los dueños de bosques y selvas que conserven sus recursos forestales. Además se promoverá que la conservación forestal atraiga los beneficios derivados de los programas de Bonos de Carbono.


  1. Conservar y restaurar el medio ambiente forestal usando técnicas y especies apropiadas para reforestar 2 millones de hectáreas; controlando plagas y enfermedades; combatiendo la tala ilegal, la corrupción y el abuso de autoridades y particulares; y priorizando la conservación y recuperación de la fertilidad de los suelos.


  1. Alentar el mejoramiento genético mediante la producción masiva de semilla forestal mejorada en todas las regiones del país.


  1. Fortalecer la Industria Forestal para generar oportunidades de empleo, incrementar las capacidades forestales y garantizar el desarrollo forestal sustentable.


  1. Impulsar las Plantaciones Forestales Comerciales a través de la participación de propietarios, productores e inversionistas para lograr, en seis años, 1 millón 500 mil hectáreas, estableciendo paralelamente proyectos específicos para aprovechar productos no maderables que generen ingresos a corto plazo.


  1. Integrar Empresas Forestales Comunitarias a partir de las condiciones y ventajas competitivas de cada región en beneficio de silvicultores, ejidos y comunidades indígenas.


  1. Optimizar Cadenas Productivas para detonar el desarrollo regional y la creación de empleos, favoreciendo la comercialización de materias primas y productos forestales.


  1. Reforzar los programas y labores de prevención, detección y combate de incendios forestales y crear la Brigada Nacional Aérea.


  1. Apoyar la educación, capacitación, investigación y cultura forestal, vinculando la formación y asistencia técnica al desarrollo tecnológico, manteniendo actualizado el Inventario Nacional Forestal y promoviendo el Programa: “Familia y Escuela: Siembran Semillas de Futuro” para involucrar a los estudiantes en el proceso de crecimiento, desarrollo, destino y atención a los árboles.


  1. Fortalecer a las instituciones públicas del sector responsables de operar la política Nacional del Desarrollo Forestal Sustentable 2007-2012 e implementar las líneas de acción del Programa Estratégico Forestal México 2025, estableciendo mecanismos eficaces de monitoreo y validación de las metas previstas y revisando el marco jurídico del Desarrollo Forestal Sustentable...”


Programa Pro Árbol.


El 20 de febrero de 2007, al mismo tiempo que se presenta en el Estado de Tabasco el Programa Pro-Árbol, se publican en el DO los Acuerdos de la Convocatoria y las reglas Únicas de operación, en base a los siguientes CONSIDERANDOS:

Que con el objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos, los programas de las dependencias y entidades se sujetarán a Reglas de Operación, conforme a los términos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal vigente y que dicho presupuesto señala que es responsabilidad de las dependencias y entidades, emitir las Reglas de Operación de los programas de otorgamiento de subsidios y deben ser ampliamente difundidas a la población.

Que las Reglas de Operación deben garantizar que los recursos se apliquen efectivamente al cumplimiento de los objetivos y metas de los programas autorizados en beneficio de los sectores o población objetivo, por lo que el contenido de este acuerdo abroga el Acuerdo por el que se expiden las Reglas de Operación sustituye a las Reglas de Operación de los Programas de Desarrollo Forestal de la Comisión Nacional Forestal, publicado en el DO de la F. del 16 de febrero de 2006.

Que es responsabilidad de la SEMARNAT y de la Comisión Nacional Forestal, conducir la política nacional de desarrollo forestal sustentable y definir los lineamientos necesarios para el cumplimiento e implementación de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, así como diseñar y definir estímulos e incentivos económicos en materia forestal y expedir las Reglas de Operación que contengan lineamientos para su aplicación.

Que de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Comisión Nacional Forestal es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. La coordinación sectorial de la Comisión corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. De acuerdo a dicha Ley, el objeto de la Comisión Nacional Forestal es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en materia forestal, que conforme a la Ley se declaran como un área prioritaria del desarrollo, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos.

Que corresponde a la Federación por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal en el ámbito de su competencia, conducir, coordinar o participar en la aplicación, otorgamiento y evaluación de las medidas, programas e instrumentos económicos y garantizar mecanismos de apoyo para impulsar el desarrollo forestal sustentable. Asimismo buscar la ampliación de los montos asignados y el mejoramiento constante de sus respectivos esquemas de asignación y evaluación, preferentemente con base en las necesidades y prioridades de las unidades de manejo forestal y de los propietarios y poseedores de los recursos forestales.

Artículo 1. Estas Reglas de Operación establecen las normas y procedimientos de aplicación general que se deberán observar en la operación, asignación y ejecución de los apoyos federales a cargo de la CONAFOR, con la participación que en su caso corresponda a los Gobiernos de las entidades federativas y del DF y municipales, y tienen por objeto:

Disminuir los índices de pobreza y marginación en áreas forestales, mediante la inducción a un manejo y uso adecuado de sus recursos naturales.

Generar desarrollo y expansión económica a partir de la valoración, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos de los bosques, selvas y la vegetación de las zonas áridas.

Impulsar la planeación y organización forestal, incrementar la producción y productividad de los recursos forestales, su conservación y restauración, así como elevar el nivel de competitividad del sector para contribuir a mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

Dar cumplimiento a las atribuciones otorgadas a la Comisión Nacional Forestal por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, el Programa Nacional Forestal y el Programa Estratégico Forestal, así como a las demás disposiciones normativas aplicables.”

Programa de Desarrollo Sustentable


El 19 de mayo de 2006, en el Cañón del Sumidero en el Estado de Chiapas, el candidato Felipe Calderón, ante un grupo numeroso de silvicultores, y especialistas en el Medio Ambiente presentó su propuesta de Desarrollo Sustentable, la cual describe en un folleto denominado “CUIDEMOS LA NATURALEZA”. “Que la naturaleza y cuidado ambiental generen desarrollo y bienestar”. El documento contiene tres grandes apartados:


  1. Protección del medio ambiente: contaminación del agua, gases de efecto invernadero y sustentabilidad energética, calidad del aire urbano y manejo de residuos sólidos.

  2. Conservación de los Recursos Naturales. Agua, biodiversidad y áreas naturales protegidas, BOSQUES Y SELVAS y Mares y Costas.

  3. Educación para un Desarrollo Sustentable. Una cultura del cuidado ambiental.


El punto 2.3 incluye el Programa Pro-Árbol, la producción forestal sustentable y el control de incendios forestales. En el apartado 3 señala: “Por eso, es muy importante asumir un compromiso para que los programas educativos incorporen el tema del desarrollo sustentable, fomentando actitudes y comportamientos favorables para garantizar el bienestar actual de todos los mexicanos y las generaciones futuras…Establecer, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, el programa “siembra semillas de futuro” mediante el cual se distribuirá el material necesario a las escuelas para sembrar más de 35 millones de árboles en los siguientes 5 años. Con esto se busca fortalecer la conciencia forestal, ya que el estudiante dará seguimiento personalizado al proceso de crecimiento del árbol y será responsable de su destino y cuidado…”


Marco Jurídico del Desarrollo Forestal Sustentable


En una sociedad civil cada vez más participativa, se requiere promover, con estrategias innovadoras la cultura forestal, basada en una correcta comprensión de la realidad de los bosques, su compleja problemática y enormes posibilidades. De ahí que resulte indispensable promover y difundir el Marco Jurídico del Desarrollo Forestal Sustentable, principalmente entre abogados, estudiantes, comuneros, silvicultores, funcionarios públicos y privados, como apoyo a la política forestal nacional.

No es tarea sencilla disminuir índices de pobreza y marginación en áreas forestales, hay que inducir el uso adecuado de sus recursos; generar desarrollo y expansión económica, a partir de la valoración y aprovechamiento sustentable de los bosques, selvas y vegetación de las zonas áridas, sin comprometer el rendimiento, equilibrio e integridad de los ecosistemas, para contribuir a mejorar la calidad de vida de de quienes participan en su gestión; brindar mejor ingreso a sus propietarios; promover la generación de valor agregado, diversificar alternativas productivas, crear fuentes de empleo en el sector y facilitar el ingreso de divisas al país.





Ha sido, es y será el mejor instrumento que orienta la gestión forestal, como espacio de transmisión del conocimiento e impulso a la participación social, en base a incorporar una efectiva institucionalidad que regule el manejo de las cuencas hidrográficas y el ordenamiento territorial, que normen su apropiación particular, el régimen de reparto, la tenencia, concesión y aprovechamiento racional e impulsen su adecuada conservación y restauración, con incentivos tributarios o ingresos adicionales por ser generadora de satisfactores (bienes y servicios ambientales).


Por su naturaleza, se le considera al recurso forestal un bien jurídico por excelencia, y por ende objeto de regulación, lo que se refleja en la legislación correspondiente a través del tiempo y en todos los países. De ahí que tradicionalmente, proporcione criterios normativos, tendientes a regular los comportamientos humanos y resolver la problemática regional y local, que se presentan en el medio forestal, sea municipal, estatal, nacional o internacional, a fin de que se garanticen los derechos y obligaciones, de quienes participan y produzca efectos de orden y legalidad.

El Derecho Forestal Mexicano.

El Derecho Forestal Mexicano contiene un conjunto de conocimientos prácticos, antecedentes históricos importantes, nacionales e internacionales, siete leyes y reglamentos, circulares, acuerdos y normas oficiales que lo distinguen de otras ramas del Derecho, además reúne los elementos de forma, carácter y fisonomía particular, requisitos para ser considerado rama autónoma del Derecho, como disciplina jurídica, con un contenido y ámbito propio de gran extensión y bastante importancia. Tiene su teoría general, amplia doctrina, conceptos básicos, métodos de estudio, se ajusta a la práctica que se determina por la ley del lugar que lo califica, cada vez más se consolida como una importante rama especial del Derecho Público, que se define en relación a su objeto de estudio que son los recursos forestales y en especial la regulación del marco jurídico del desarrollo forestal sustentable, para el correcto manejo y conservación de la biodiversidad en sus ecosistemas.

Son evidentes sus características y normativas únicas, las que sustentan su reconocimiento y se estructura alrededor de principios esenciales universales que le dan identidad propia. También en los últimos años, es marcado el interés social por el bien común en sus objetivos, de ahí que al vincularse con el Derecho Público, se desprendan importantes consecuencias jurídicas que trascienden del interés particular. Sin duda, muchos de sus temas guardan una estrecha cercanía especialmente con el Derecho Ambiental y el Derecho Agrario.

Su relevancia global ha ido en aumento al ser objeto de múltiples acuerdos y convenciones internacionales, al trascender fronteras su problemática en un proceso dinámico de adaptación. Principalmente después de dos Conferencias de las Naciones Unidas, en 1972, la de Ambiente Humano efectuada en Estocolmo, como respuesta a los problemas ambientales generados por la acción humana y que recomendó fijar políticas, crear instituciones y legislaciones ambientales. También, la “Cumbre de Río de Janeiro”, en 1992, cuyas declaraciones y convenios internacionales acordados, vinculantes y no vinculantes, guían los objetivos a alcanzar en cuanto al desarrollo sustentable, la conservación de la diversidad biológica y al rol de los bosques y tierras forestales.

Desde sus remotos orígenes, las normas jurídicas de carácter forestal, muestran determinadas características, principios y contenidos que están siendo reconocidos universalmente, que han estado, están y deberán estar en todo proyecto de legislación forestal. A partir de 1972, algunos autores lo ubican como parte del Derecho de los Recursos Naturales, otros del Derecho Ecológico y en especial se incluye su tratamiento en la temática del Derecho Ambiental que evolucionó y consolido por su trascendencia jurídica internacional, principalmente en los últimos 35 años y que busca integrar el análisis de la problemática ambiental.

Sin duda que existe una estrecha relación con el Derecho Público y todas sus demás ramas jurídicas, especialmente con el Derecho Constitucional, Administrativo, Agrario, Económico, Penal, Procesal y del Trabajo. Casi todos los países han consagrado constitucionalmente el derecho de toda persona a un ambiente sano, limpio y no contaminado y el deber del Estado, de los Gobiernos y de las personas a velar porque este derecho no sea afectado.

En el México Independiente, hay que mencionar el decreto de gobierno del 14 de agosto de 1854 que prohíbe la exportación de maderas de construcción, el Reglamento expedido por el Ministerio de Fomento el 18 de abril de 1861 para regular las actividades de los cortadores de árboles en terrenos nacionales. En 1909, se inicia en el país la enseñanza forestal en la Escuela Nacional Forestal, en la población de Santa Fe del Distrito Federal, operando la Junta Central de Bosques y Arbolados de la República Mexicana, dependiente de la Sección de Agricultura de la secretaría de Fomento, Colonización e Industria, a cuyo frente se encontraba Don Miguel Ángel de Quevedo.

Desde 1958, Don Manuel Hinojosa Ortiz, hacía referencia a la ancha y firme base que ofrece la Constitución General de la República, en especial su artículo 27, para levantar sobre ella la estructura de un derecho forestal que asegure la conservación de los bosques y el incremento de la riqueza silvícola. Menciona que el auténtico derecho forestal nace cuando la ley regula la protección y el aprovechamiento de los bosques en función de una idea de orden publico y no con vistas a proteger las relaciones privadas entre el propietario del bosque y terceros que hagan o quieran hacer uso, por cualquier título, de las maderas o de la vegetación existentes dentro de cada propiedad. Afirma que las normas referentes a los árboles y a los bosques, contenidas en la legislación colonial y las dictadas desde la independencia hasta antes de la Constitución de 17, no son propiamente derecho forestal, aunque aparezca en ellas la preocupación por defenderlos; son en lo general, reglas para proteger los derechos del dueño del bosque, ya sea éste la Corona Española, la Nación, el Pueblo o la Comunidad Indígena o el propietario particular.

Don Manuel Hinojosa y el Dr. Sergio Encinas, ubican los inicios del derecho forestal mexicano, bajo condiciones especiales creadas a partir de 1910 y en paralelo a la revolución Mexicana, con los Constituyentes de 1917, otros autores mencionan en especial al Ing. Pastor Rouaix, quien invitó a Don Andrés Molina Enríquez a participar en la redacción del artículo 27 constitucional, sin que aceptara el proyecto que le presentó y en que redactaron no hace referencia expresa a lo forestal.

El 5 de abril de 1926, expide el Presidente Plutarco Elías Calles, la primer Ley Forestal, con base en un Decreto del Congreso (25 de diciembre 1925), que le otorgó facultades extraordinarias para legislar en la materia, la cual se publica el 30 de abril y su reglamento el 8 de octubre de 1927.

Del actual panorama de instrumentos de primer orden, como adecuación reciente a la normativa jurídica, deben considerarse las disposiciones de la séptima y actual Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que se publicó en el DO del 25 de febrero de 2003 y entró en vigor el 23 de mayo de 2003; su Reglamento que el 21 de febrero de 2005 y que entró en vigor el 23 de marzo de 2005. Alienta la participación social a través de 120 promotorías de Desarrollo Forestal (Art. 23), 240 Unidades de Manejo Forestal (Art. 7 fr. XLIII y 112); 32 Consejos Estatales Forestales (Art.157) y 240 Consejos Microregionales Forestales (Reglamento Interno del CONAF) y un gran número de silvicultores. Los servicios técnicos forestales (Art. 7 fr. XXXVIII, 85 y 108).

Promueve el fomento y la adecuada planeación de un Desarrollo Forestal Sustentable (DFS) entendido como: “…el proceso evaluable y medible mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, silvícola, económico y social que tienda a alcanzar una productividad óptima y sostenida de los recursos forestales sin comprometer el rendimiento, equilibrio e integridad de los ecosistemas forestales, que mejore el ingreso y la calidad de vida de las personas que participan en la actividad forestal y promueva la generación de valor agregado en las regiones forestales, diversificando las alternativas productivas y creando fuentes de empleo en el sector…” Art. 30 LGDFS


Para el DFS y de acuerdo al Dr. Rubén Jaime Flores Medica, Presidente de la Academia Jalisciense de Derecho Ambiental, en su obra en prensa debemos considerar al “Derecho Prospectivo Forestal”, como: “…aquel derecho que tiene por objeto el proceso jurídico encaminado a construir la norma forestal que deba ser vigente en un determinado tiempo y lugar, y que contenga los elementos que permitan cumplir con sus fines de: preservación, conservación, acrecentamiento, utilización racional y sostenida de recursos forestales, que aseguren la satisfacción plena de las necesidades de una futura generación…”.


Plan Nacional de Desarrollo PND.


Está en elaboración el Plan Nacional de Desarrollo de la actual Administración para el período 2007-2012, que sin duda es un acto administrativo fundamental, de carácter general, que no tiene el carácter de ley, ya que solamente debe ser observado por la administración pública, y para que obligue a los estados y municipios se requiere firmar convenios de coordinación y para que obligue a los particulares se requieren convenios de concertación.


En materia de función pública y de planificación, son integrales para satisfacer cierta finalidad. Se consideran los recursos humanos, económicos y materiales; se establecen prioridades generales, sectoriales y parciales, atendiendo a la materia y a la región geográfica, de forma temporal, a mediano o largo plazo; se fijan los plazos para el cumplimiento de las mismas. De conformidad con los Arts. 25 y 26 constitucionales, el PND persigue garantizar la coherencia de la acción gubernamental a través de diversos planes. Esto otorga seriedad a su ejecución, al proyectar uno o varios fines que señala la Constitución Política. Son independientes a la forma de su presentación y del lenguaje técnico empleado en su redacción; instrumentos jurídicos dictados con apoyo en leyes, aprobados por decreto del Ejecutivo Federal, publicados en el DOF para su conocimiento general, e integrados por lineamientos obligatorios para la administración pública federal; ésta no puede actuar en contra de las prescripciones de un plan, y más aún, la programación del gasto público federal, con base en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, que estipula que ha de ajustarse a las directrices y planes nacionales de desarrollo económico y social que formule el Ejecutivo Federal.

VII Sesión del Foro de Bosques de Naciones Unidas

México participa en la iniciativa internacional “Foro de Bosques de Naciones Unidas” (FBNU), el cual se constituyó en el 2000, a partir del acuerdo del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, a fin de promover el manejo, conservación y desarrollo sustentable de los bosques y fortalecer compromisos de largo plazo. La VII sesión se verificó en abril 2007, en la sede de la ONU en Nueva York, con asistencia de 500 delegados, de todo el mundo, los cuales comparten la inquietud del destino de los bosques del planeta, indisolublemente unido al destino de las comunidades locales, ya que gran parte de los ecosistemas forestales se encuentran habitados con poblaciones que dependen de manera importante de los recursos que ahí se encuentran.

Destacó la iniciativa para aprobar el "instrumento jurídicamente no vinculante sobre todos los tipos de bosques", el cual se espera sea el "vehículo para transformar las políticas del foro en acciones concretas", que al no ser obligatorio su cumplimiento, no puede emitir compromisos cuantitativos, ni mecanismos de monitoreo externo que garanticen el cumplimiento de metas como reducir la deforestación, aumentar el área bajo manejo, disminuir el mercado de madera ilegal, revertir la grave crisis en que se encuentran los bosques, atender temas emergentes como tenencia de la tierra, combate a las actividades ilegales, árboles genéticamente modificados; agua, bosques, energía y cambio climático.

México apoya el establecimiento y aprobación de los cuatro objetivos mundiales en materia de bosques, los cuales giran alrededor del manejo sostenible de los recursos forestales y el incremento en los apoyos financieros para aumentar la superficie bajo protección o manejo. Los terrenos forestales tienen enorme potencial para desarrollar proyectos extractivos, ecoturísticos y de servicios ambientales, mediante esquemas de manejo forestal sostenible de los bosques naturales comunes, con prácticas sostenibles e instrumentos como el desarrollo de empresas comunitarias, el ordenamiento territorial y el desarrollo de reglamentos internos.

El manejo del bosque, bajo la administración comunitaria, es la mejor estrategia para generar ingresos en zonas rurales, evitar migración, conservar diversidad biológica asociada y promover un desarrollo social basado en la participación local. En México, la constitución de empresas forestales comunitarias, cuenta con un nivel de desarrollo único, ha logrado la certificación internacional (FSC) de 75 de ellas por cumplir estándares ambientales y económicos equiparables a los observados por empresas en Finlandia, Noruega o Canadá. Hace falta promover en las cadenas productivas el uso exclusivo de madera certificada.

La dimensión social de los recursos forestales impulsa a fortalecer la acción colectiva por los bosques comunitarios en todo el mundo. Hace falta establecer acuerdos de concertación y coordinación, así como reglas de conservación, aprovechamiento y comercio que faciliten el uso sostenible del recurso.

La Unidad 6.13.01 de IUFRO en legislación forestal y los congresos Internacionales.

El desafío que actualmente se tiene son los problemas y amenazas forestales-ambientales que el nuevo mundo globalizado impone y poder concordar propuestas de enmienda o solución a los mismos. Dentro de este amplio marco de expectativas habrá que recordar los esfuerzos que en esta misma dirección tiene la creación de la Unidad IUFRO Iberoamericana de Derecho Forestal-Ambiental 6.13.01 y la evolución de los congresos que sobre la materia se han efectuado.

Con la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestales (IUFRO), en Santiago de Chile, durante el desarrollo del IV Congreso, el 28 de noviembre de 2003 constituimos la Unidad 6.13.01 Iberoamericana de Derecho Forestal-Ambiental, la cual forma parte del Grupo de Trabajo 13 sobre Leyes Forestales y Legislación Ambiental, dependiente de la División 6 sobre Ciencias Sociales, Económicas, Políticas y de Información de este organismo internacional. Que tendrá su sexta edición en Quito Ecuador del 27 de agosto al 1 de septiembre de 2007 y se busca analizar los objetivos promulgados en la “Declaración del Milenio”(ODMs) que para el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan: “una promesa sin precedentes de los dirigentes mundiales de abordar, de una sola vez, la paz, la seguridad, el desarrollo, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Se centran en el ser humano, deben lograrse dentro de plazos definidos y se basan en una alianza mundial que enfatiza la responsabilidad de los países en desarrollo de poner orden en sus asuntos y la de los desarrollados de apoyar esos esfuerzos. Son objetivos alcanzables1, implica pensar globalmente en temas de cooperación y actuar localmente. Según Juan Carlos Feres2 es importante, en el contexto mundial, el compromiso de todas las naciones por alcanzar objetivos comunes mesurables y cuyo cumplimiento puede evaluarse a partir de indicadores específicos.. Se considera el ámbito social junto con el económico y ambiental, y constituyen un marco de trabajo común que cohesiona los esfuerzos de todo el sistema de ONU.

Combatir la oferta ilegal de madera, en el mercado de precios, facilita introducir valores agregados de manejo sustentable en los productos para el mercado internacional y evita se dificulte que las naciones superen la pobreza, propicia condiciones para su erradicación, sin trasladar sus efectos a las poblaciones más pobres. Debe haber recursos financieros para financiar una producción sustentable, incluido los costos sociales y ambientales. Esto influye en 3 problemas fundamentales: la devastación de los bosques, el uso inadecuado de la tierra y la explotación laboral como “subsidio indirecto” y forma de competir con los subsidios de los países desarrollados.3

Las exigencias crecientes de desarrollo social y humano, acorde a los principios jurídicos, de justicia, equidad, orden y respeto, así como la realidad del cambio climático, son factores por considerar al fortalecer la estabilidad institucional forestal participativa, pública, privada y normativa que al recuperar la noción del valor de los bosques y del manejo forestal asegure el uso sostenible y la protección de los recursos forestales en beneficio de las actuales y futuras generaciones. Corregir el rumbo requiere una postura positiva promisoria y el compromiso de intervenir en el quehacer formativo de la normativa adecuada, con altos niveles de calidad de vida y cobertura suficiente, acorde a las necesidades sociales, económicas, productivas, comunitarias y sectoriales., con indicadores: ambiental, silvícola, económico, político y social.





Hoy más que nunca se debe procurar fomentar el desarrollo sustentable que supere las confrontaciones ambientales por la defensa de convicciones aparentemente irreconciliables que, se caracterizan unas por su exclusivo interés en el desarrollo económico y una acelerada explotación, sin un compromiso de recuperación de los recursos naturales, otros que tienden al aprovechamiento racional y finalmente quienes a ultranza propugnan por su protección y conservación.


El futuro de los bosques se decide tanto en el campo como en los gabinetes gubernamentales, en las oficinas de quienes integran el sector forestal y en la efectividad en diseñar, con técnica legislativa-, y aplicar los instrumentos de política pública. Las leyes regulan el cuidado del bosque, pero la primera responsabilidad recae en la comunidad que vive en ese territorio y a la que le debe preocupar su manejo adecuado, a fin de que esos recursos naturales sean renovables, cuidar que se aproveche sin afectar su duración permanente, repeler las plagas y combatir los incendios, con reforestación, restauración, preservación y conservación.


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