Causas ambientales, como agua insalubre, los mosquitos y otras amenazas evitables, provocan cada año 13 millones de muertes. Esta exposición a amenazas ambientales es el origen del 24% de las enfermedades de la población mundial, un porcentaje que se eleva a más del 33% en el caso de los niños, advierte la Organización Mundial de la Salud

Ginebra (OMS).- Según la Organización Mundial de la Salud, el 24% de la carga de morbilidad mundial y el 23% de todos los fallecimientos en el mundo son atribuibles a factores ambientales. La proporción aumenta cuando se trata de niños menores de cinco años: más del 33% de las enfermedades en este grupo se debe a la exposición a riesgos ambientales.

El informe, publicado la semana pasada, demuestra que gran parte de estos riesgos ambientales pueden evitarse mediante intervenciones bien orientadas. «Esta es una contribución importante a la labor que se está llevando a cabo para definir mejor las relaciones entre el medio ambiente y la salud», ha dicho el Dr. Anders Nordström, Director General interino de la OMS. «Sabíamos que el medio ambiente influye muchísimo en la salud, pero nunca habíamos tenido estimaciones tan precisas como éstas, que nos ayudarán a demostrar que las inversiones racionales destinadas a crear un entorno favorable pueden ser una estrategia eficaz para mejorar la salud y lograr un desarrollo sostenible.»

Según las estimaciones, cada año se registran más de 13 millones de defunciones provocadas por causas ambientales prevenibles. Casi un tercio de la carga de mortalidad y morbilidad en las regiones menos adelantadas se debe a causas ambientales. Más del 40% de las defunciones por malaria y, según las estimaciones, el 94% de las defunciones por enfermedades diarreicas - dos de las principales causas de mortalidad infantil - podrían evitarse mejorando la gestión del medio ambiente.

Las cuatro enfermedades en las que más influyen las malas condiciones ambientales son: la diarrea, las infecciones de las vías respiratorias inferiores, diversas formas de traumatismos involuntarios, y la malaria. Entre las medidas que podrían adoptarse ya mismo para reducir esta carga de morbilidad debida a riesgos ambientales figuran las encaminadas a promover un almacenamiento seguro del agua doméstica y la adopción de prácticas de higiene más adecuadas; el uso de combustibles menos contaminantes y más seguros; el aumento de la seguridad de las construcciones; la utilización y gestión más prudente de sustancias tóxicas tanto en el hogar como en el lugar de trabajo, y una mejor ordenación de los recursos hídricos.

En el informe también se demuestra que, de una u otra manera, el medio ambiente influye considerablemente en más del 80% de los casos de estas enfermedades graves. Por otra parte, se trataba de cuantificar únicamente los riesgos ambientales modificables, es decir, los que es posible transformar rápidamente mediante políticas y tecnologías ya disponibles. En el informe también se determina en qué medida se puede prevenir la carga de morbilidad relacionada con el medio ambiente.

Contaminación del Riachuelo T

ras el fallo de la Corte, el Congreso acelera un plan de saneamiento del Riachuelo

Crece la presión sobre los gobiernos de la nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires para comenzar a recuperar la cuenca del Riachuelo. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordena a los gobiernos tomar cartas en el asunto y refuerza tres iniciativas que se debatían en el Congreso (del ARI, del PRO y la UCR). El caso es una lección para Tierra del Fuego.

Río Grande (NL).- Crece la presión sobre los gobiernos de la nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires para comenzar a recuperar la cuenca del Riachuelo.

Anoche, en comisión, el Congreso de la Nación avanzaba en la redacción consensuada de un plan estratégico para el saneamiento del río. El martes, atendiendo a un reclamo de los vecinos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenaba al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires que presenten “un plan integrado” para sanear el Riachuelo,

El símbolo más fuerte de la decadencia ambiental de la Argentina vuelve a cobrar notoriedad, montado en gran medida sobre el ‘efecto Gualeguaychú’. Al igual que en el caso de las papeleras, han sido los vecinos del Riachuelo los que tomaron la delantera, obligando a las autoridades públicas a atender un grave problema. Aunque, a diferencia de Gualeguaychú, esta vez los vecinos actuaron con métodos estrictamente legales e institucionales.

En la Comisión de Intereses Marítimos del Congreso anoche se buscaba consenso sobre un texto que unifique las propuestas del ARI, el PRO y la UCR para el establecimiento de un plan de saneamiento del Riachuelo. Se espera que el proyecto esté listo para el próximo jueves. El oficialismo en el Congreso no ha mostrado mayor entusiasmo por la cuestión y, se especula en el parlamento, estaría dilatando los tiempos para presentar un proyecto propio.

Pero la resolución de la Corte Suprema de esta semana ha acelerado los tiempos. En un fallo fuera de lo común, la Corte ha requerido a las autoridades públicas que elaboren un plan en el que “los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales proyectadas en un cronograma temporal.”

El plan deberá ser presentado oralmente en una audiencia pública convocada para el 5 de septiembre. La Corte también requirió a las empresas que operan en el río que, en el plazo de 30 días informen sobre los líquidos que arrojan al río y los sistemas de tratamiento con los que cuentan.

La causa fue planteada hace dos años por diecisiete vecinos de Dock Sud, La Boca, Villa Dominico, Capital Federal y otras localidades ribereñas (algunos “en representación de sus hijos menores”) contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y 44 empresas. Reclaman daños y perjuicios a la salud y la propiedad por un valor de $5.161.500. Y también reclaman que se “se fije una indemnización destinada a crear un fondo común de recomposición para solventar los gastos de recomposición del ecosistema”.

El caso del Riachuelo es tan emblemático de la situación ambiental de la Argentina que no hace falta describir el problema de fondo. El Riachuelo, un río básicamente muerto, es para muchos un monumento a la desidia y la incapacidad de gestión de la dirigencia argentina, cuando no a la corrupción. Muchos recuerdan el anuncio de la Secretaria de Ambiente del gobierno de Carlos Menem, Maria Julia Alsogaray, de sanear el río en mil días, y los créditos millonarios que se tomaron a tal efecto.

Por eso, en su reclamo, los vecinos del Riachuelo requieren que los fondos que resulten de la indemnización no queden a cargo de los Estados demandados, ya que han sido ellos los que, incumpliendo la ley, han omitido proteger el río.

Y es que uno de los aspectos más llamativos de la resolución de la Corte es que parece asumir el rol que los ejecutivos de las tres jurisdicciones involucradas no cumplen. “Este avance en la Justicia suple la falencia de la política” dice Fabiana Oliver de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. “Esto es resultado del trabajo desde las organizaciones de base y las ONG, en alianza con algunos organismos del Estado, como la Defensoría del Pueblo y la Auditoría General de la Nación”, dice Oliver, “pero también tiene que ver con la nueva composición de la Corte”. Y agrega que “el fallo también muestra que las instancias judiciales sirven para que la ciudadanía tome en sus manos la exigencia del cumplimiento de la ley”. Pero a no ilusionarse demasiado. Según Oliver, “el caso no significa que lo ambiental se esté priorizando en la agenda pública. Estos son casos todavía espasmódicos, que atraen la atención coyunturalmente por presión de la gente. Aún así, el caso del Riachuelo puede interpretarse como una maduración de la institucionalidad a favor del derecho a un ambiente sano, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional.”

¿Sería esperable en Tierra del Fuego un escenario similar, donde la Justicia reclama al gobierno acción concreta en materia ambiental? “Ni las disposiciones ambientales de la Constitución Provincial, ni la ley 55 de medio ambiente, están siendo cumplidas. Pero hasta que no cambie el actual Tribunal Superior, no se si se podrá esperar una decisión similar por parte de la Justicia provincial”, dice la diputada nacional Fabiana Ríos, consultada por este medio. “El fallo de la Corte pone en evidencia la duplicidad de parámetros que maneja el gobierno al exigir a otros países que hagan lo que el propio gobierno no hace - proteger el ambiente”, dice Ríos.

Esta disociación entre lo dicho y lo hecho es patente en Tierra del Fuego. Por un lado, el gobernador de la Provincia, Hugo Cóccaro, asistió el pasado 5 de mayo al acto convocado por el Presidente de la Nación en Gualeguaychú, presuntamente en defensa del medio ambiente. Por otro lado, no hay en la provincia ni en los municipios una política ambiental coherente, pese a que la Constitución provincial dedica un capítulo completo a la ecología, y pese a los graves problemas ambientales que aquejan a los fueguinos. Tierra del Fuego aún no tiene un caso de la gravedad grotesca del Riachuelo. Pero, como con el caso de aquel río de Buenos Aires, es sólo cuestión de tiempo.